143 – Competencia por razón de grado: su fundamentación / Competence by reason of grade: its foundation
Ciudad de México, octubre 2017.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, y concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el mencionado artículo, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso.
Válidamente se puede decir que la competencia material de un ente administrativo es el conjunto de atribuciones o facultades que le incumben, delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica; la competencia territorial podemos entenderla como aquel lugar, lugares o demarcación geográfica en que la autoridad puede ejercer su competencia material.
En esta ocasión se destaca el criterio que recientemente emitió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la jurisprudencia cuyo rubro es: “FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CUANDO NO ES EXIGIBLE”, donde definió que la competencia por razón de grado, tiene lugar separando los actos que respecto de un mismo asunto pueden realizarse por los órganos administrativos colocados en diversos niveles, distribución que se realiza generalmente, estableciendo relaciones de jerarquía que implican subordinación y dependencia de unos órganos y superioridad de otros. En esos casos, el órgano inferior y el superior conocen el mismo asunto, pero la intención del que conoce en último lugar, está condicionada por la conclusión de funciones del que conoce en primer término, significando además, que aquella guarda una relación de superioridad respecto a este último.
En la misma jurisprudencia establece que dicha competencia alude a la estructura piramidal que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados y, en atención a dicha estructura, los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores y viceversa. En ese contexto, en los casos en que los actos de las autoridades administrativas no se encuentren bajo los supuestos de jerarquía, dependencia o subordinación, basta con que citen los artículos que le confieren de manera directa las atribuciones ejercidas, para considerar satisfecha la obligación Constitucional de fundar debidamente su competencia.
Con ello, queda por demás claro el criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de la fundamentación de la competencia por razón de grado, de la autoridad administrativa, pues establece ciertos parámetros para conocer las situaciones en las cuales el ente público se encuentra obligado o no a citar la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, en que se dispongan los sustentos legales para fundamentar la competencia.
Sin otro asunto en particular quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto de la presente información.
Atentamente
División de Consultoría en Comercio Internacional y Aduanas
TLC Asociados, S.C.
Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados de TLC Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
Mexico City, October 2017.
The Supreme Court of Justice of the Nation, in various jurisprudential criteria, has established that the guarantee of justification enshrined in Article 16 of the Political Constitution of the United Mexican States implies the idea of accuracy and precision in the quotation of the legal norms that empower the administrative authority to issue the act of nuisance in question, and concludes that it is an essential requirement and an obligation of the authority to found in its act of nuisance its competence, since it can only do what the law allows, where the validity of the act will depend on whether it has been performed by the authority legally empowered to do so within its respective field of competence, governed specifically by one or more rules authorizing it; Therefore, in order to consider compliance with the guarantee of justification established in the said article, it is necessary for the authority to specify its competence exhaustively by reason of subject matter, grade or territory, based on the law, regulation, decree or agreement grant the attribution exercised, citing in its case the section, fraction, subsection or sub-section.
It can validly be said that the material competence of an administrative entity is the set of attributions or powers that are incumbent upon it, delimit its field of action and generate certainty to the governed over the organs of the State that can validly affect its legal sphere; the territorial jurisdiction can be understood as that place, places or geographical demarcation in which the authority can exercise its material competence.
On this occasion, the criteria recently issued by the Federal Court for Administrative Justice, through the jurisprudence, which is titled: “GROUNDS OF COMPETENCE BY REASON OF GRADE OF THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. WHEN IT IS NOT REQUIRED “, where it defined that the competition by reason of grade, takes place separating the acts that on the same subject can be realized by the administrative organs placed in diverse levels, distribution that is generally realized, establishing relations of hierarchy that imply subordination and dependence of some organs and superiority of others. In these cases, the lower and the higher organ know the same subject, but the intention of the one who knows last, is conditioned by the conclusion of functions of which it knows in the first term, meaning also that it keeps a relation of superiority with respect to the latter.
In the same jurisprudence, it establishes that said jurisdiction refers to the pyramidal structure deriving from the hierarchical organization of the public administration, in which functions are ordered by grade and, in view of that structure, the lower bodies cannot develop subjects reserved for the superiors and vice versa. In this context, in cases where the acts of the administrative authorities are not under the hierarchy, dependence or subordination, it is sufficient that they cite the articles that directly confer on it the attributions exercised, in order to consider satisfied the Constitutional obligation to duly establish its competence.
Thus, the criterion of the Federal Court of Administrative Justice, regarding the basis of competition by reason of grade, of the administrative authority is clear, since it establishes certain parameters to know the situations in which the public entity is obligated or not to mention the law, regulation, decree or agreement granting the attribution exercised, citing in its case the paragraph, fraction, subsection or sub-section, in which legal grounds are provided to substantiate the competition.
Without anything else at this moment, do not hesitate to contact us.
Sincerely,
Foreign Trade and Customs Consultancy Division of
TLC Asociados, S.C.
Partial or total reproduction is prohibited. All rights reserved to TLC Asociados, S.C. The content of this article is not a private consultation, therefore, TLC Asociados, S.C., and its team and author, are not responsible for any interpretation or use that the reader or recipient could give to it.
143 – Competencia por razón de grado: su fundamentación / Competence by reason of grade: its foundation
Ciudad de México, octubre 2017.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales ha establecido que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, y concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el mencionado artículo, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso.
Válidamente se puede decir que la competencia material de un ente administrativo es el conjunto de atribuciones o facultades que le incumben, delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden, válidamente, afectar su esfera jurídica; la competencia territorial podemos entenderla como aquel lugar, lugares o demarcación geográfica en que la autoridad puede ejercer su competencia material.
En esta ocasión se destaca el criterio que recientemente emitió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de la jurisprudencia cuyo rubro es: “FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CUANDO NO ES EXIGIBLE”, donde definió que la competencia por razón de grado, tiene lugar separando los actos que respecto de un mismo asunto pueden realizarse por los órganos administrativos colocados en diversos niveles, distribución que se realiza generalmente, estableciendo relaciones de jerarquía que implican subordinación y dependencia de unos órganos y superioridad de otros. En esos casos, el órgano inferior y el superior conocen el mismo asunto, pero la intención del que conoce en último lugar, está condicionada por la conclusión de funciones del que conoce en primer término, significando además, que aquella guarda una relación de superioridad respecto a este último.
En la misma jurisprudencia establece que dicha competencia alude a la estructura piramidal que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados y, en atención a dicha estructura, los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores y viceversa. En ese contexto, en los casos en que los actos de las autoridades administrativas no se encuentren bajo los supuestos de jerarquía, dependencia o subordinación, basta con que citen los artículos que le confieren de manera directa las atribuciones ejercidas, para considerar satisfecha la obligación Constitucional de fundar debidamente su competencia.
Con ello, queda por demás claro el criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de la fundamentación de la competencia por razón de grado, de la autoridad administrativa, pues establece ciertos parámetros para conocer las situaciones en las cuales el ente público se encuentra obligado o no a citar la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso, en que se dispongan los sustentos legales para fundamentar la competencia.
Sin otro asunto en particular quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto de la presente información.
Atentamente
División de Consultoría en Comercio Internacional y Aduanas
TLC Asociados, S.C.
Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados de TLC Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
Mexico City, October 2017.
The Supreme Court of Justice of the Nation, in various jurisprudential criteria, has established that the guarantee of justification enshrined in Article 16 of the Political Constitution of the United Mexican States implies the idea of accuracy and precision in the quotation of the legal norms that empower the administrative authority to issue the act of nuisance in question, and concludes that it is an essential requirement and an obligation of the authority to found in its act of nuisance its competence, since it can only do what the law allows, where the validity of the act will depend on whether it has been performed by the authority legally empowered to do so within its respective field of competence, governed specifically by one or more rules authorizing it; Therefore, in order to consider compliance with the guarantee of justification established in the said article, it is necessary for the authority to specify its competence exhaustively by reason of subject matter, grade or territory, based on the law, regulation, decree or agreement grant the attribution exercised, citing in its case the section, fraction, subsection or sub-section.
It can validly be said that the material competence of an administrative entity is the set of attributions or powers that are incumbent upon it, delimit its field of action and generate certainty to the governed over the organs of the State that can validly affect its legal sphere; the territorial jurisdiction can be understood as that place, places or geographical demarcation in which the authority can exercise its material competence.
On this occasion, the criteria recently issued by the Federal Court for Administrative Justice, through the jurisprudence, which is titled: “GROUNDS OF COMPETENCE BY REASON OF GRADE OF THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES. WHEN IT IS NOT REQUIRED “, where it defined that the competition by reason of grade, takes place separating the acts that on the same subject can be realized by the administrative organs placed in diverse levels, distribution that is generally realized, establishing relations of hierarchy that imply subordination and dependence of some organs and superiority of others. In these cases, the lower and the higher organ know the same subject, but the intention of the one who knows last, is conditioned by the conclusion of functions of which it knows in the first term, meaning also that it keeps a relation of superiority with respect to the latter.
In the same jurisprudence, it establishes that said jurisdiction refers to the pyramidal structure deriving from the hierarchical organization of the public administration, in which functions are ordered by grade and, in view of that structure, the lower bodies cannot develop subjects reserved for the superiors and vice versa. In this context, in cases where the acts of the administrative authorities are not under the hierarchy, dependence or subordination, it is sufficient that they cite the articles that directly confer on it the attributions exercised, in order to consider satisfied the Constitutional obligation to duly establish its competence.
Thus, the criterion of the Federal Court of Administrative Justice, regarding the basis of competition by reason of grade, of the administrative authority is clear, since it establishes certain parameters to know the situations in which the public entity is obligated or not to mention the law, regulation, decree or agreement granting the attribution exercised, citing in its case the paragraph, fraction, subsection or sub-section, in which legal grounds are provided to substantiate the competition.
Without anything else at this moment, do not hesitate to contact us.
Sincerely,
Foreign Trade and Customs Consultancy Division of
TLC Asociados, S.C.