El Gobierno Federal dio a conocer la simplificación de más del 75% de los 700 mil trámites anuales de comercio exterior mediante la reducción de plazos de respuesta, brindar la opción de que los trámites que requieren de una certificación impresa puedan recogerse en la Ciudad de México y algunos otros trámites se puedan presentar por correo electrónico.

Así, lo informó la Secretaría de Economía mediante el boletín 0006 con fecha del 3 de junio de 2019 que aborda el tema de la simplificación de trámites para dar cumplimiento a las medidas en materia de austeridad republicana instruidas por el Presidente de la República.

En este sentido, se realizaron varias adecuaciones en la gestión de trámites, entre ellos los relacionados con el Programa de la Industria, Manufacturera, Maquiladora, y Servicios a la Exportación y el Programa de Promoción Sectorial, incluyendo las ampliaciones y altas de domicilio.

En principio debemos considerar que las actuaciones de la Secretaría de Economía en materia de comercio exterior, como autoridad administrativa, debe regirse de acuerdo con los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y de buena fe, tal como lo señala el artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y los dispositivos 1.3.4 y 5.5.1 de las Reglas y Criterios en Materia de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

También, recordemos que nuestro país es parte del “Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio” publicado en el DOF el día 6 de abril de 2017, instrumento que concentra varios temas relevantes sobre la facilitación en materia aduanera y de comercio exterior, por ejemplo la disponibilidad de la información, no discriminación, transparencia, disminuir los requisitos no necesarios en el despacho de mercancías, entre otros objetivos, que son de interés general para los operadores del comercio exterior.

En relación con la temática central, la Dirección General de Comercio Exterior emitió el oficio número 414.2019.2383 con fecha del 26 de junio de 2019 para establecer a las empresas solicitantes de un programa IMMEX o PROSEC, incluyendo las ampliaciones o las altas de domicilio, y a fin de constatar que cuentan con infraestructura para realizar los procesos productivos, la obligación de anexar en las solicitudes de los trámites que presenten, una fe de hechos emitida por fedatario público la cual deberá cumplir con los requisitos que se indican:

• a) “La ubicación del o los domicilio(s) en el que se llevaran a cabo los procesos productivos o de servicios, señalando las características, condiciones, detalle de las instalaciones, superficies en metros cuadrados. Anexar soporte fotográfico.

• b) El estatus de posesión del inmueble, así como documento que lo acredite.

• c) Inventario de la maquinaria, equipo, mobiliario mediante el cual se realiza el proceso productivo o de servicios, anexando soporte fotográfico y documental respecto de la legal posesión del mismo.

• d) La descripción de la mercancía a importar de manera temporal y la descripción del espacio físico donde se almacenará la misma, anexar soporte fotográfico.

• e) En caso de contar con mercancía importada de manera temporal, inventario de dichas mercancías, y soporte fotográfico que coincida con el mismo.

• f) En caso de que la mercancía a importar al amparo del programa se a destinada a procesos de submaquila, detallar lo referido en el inciso a) y g).

• g) El número de empleados en el domicilio al momento de levantar la fe de hechos, anexar soporte fotográfico.”

Al realizar el trámite a través de la ventanilla digital deberá adjuntarse el documento digital de la fe de hechos, y en el supuesto que no sea factible anexarlo, deberá enviarse mediante correo electrónico a la dirección dgce.tramitesc@economia.gob.mx adjuntando el archivo digital en formato pdf, y así continuar con la gestión correspondiente. Además, el representante legal debe realizar la designación de dos enlaces mediante escrito libre señalando el nombre y correo electrónico, así como aceptar y enviar información a través de correo electrónico.

Anteriormente, las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía practicaban visitas programadas a los solicitantes iniciando un acta circunstanciada para realizar a inspección de las instalaciones, así como recabar información y documentación para el análisis del cumplimento de las obligaciones de los programas IMMEX o PROSEC, sin embargo, derivado de la implementación de las medidas de austeridad del nuevo gobierno federal se revocaron atribuciones a las delegaciones y subdelegaciones concentrándose todas las autorizaciones de este tipo de trámites a nivel central.

De hecho, en el Anteproyecto del “Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior” que se dio a conocer en la página de Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) con número expediente 03/0057/230719 y fecha de apertura del 23 de julio de 2019, se encuentra contemplado que únicamente la resolución en que la SE emita la autorización de un Programa IMMEX este firmada por el titular de la DGCE o cualquier otro funcionario que esté facultado de conformidad con el RISE, eliminando la atribución del Delegado o Subdelegado Federal de la SE ubicados en las entidades federativas.

A partir de la aplicación del criterio emitido por la DGCE en los trámites relacionados con el Programa IMMEX y PROSEC, se transgreden los principios que integran el procedimiento administrativo derivado del incremento de los costos de los trámites y por la demora en la resolución de la autoridad administrativa, originando un impacto negativo en las operaciones de comercio exterior.

El principio de economía, no se cumple por la razón del aumento del costo del trámite originado al tener que cumplir con el requisito de presentación de la fe de hechos emitida por fedatario público, si bien es cierto, el trámite es gratuito ante la Secretaría de Economía, ahora se delega la atribución a un tercero para que verifique y haga constar los hechos o acontecimientos que se susciten en cierto lugar y tiempo, por el cual debe realizarse el pago de honorarios. Cabe señalar, que en el anteproyecto se considera un gasto mínimo de $4,917 pesos, no obstante, en la realidad es mucho mayor la erogación que hacen las empresas, debido que al tratarse de un documento obligatorio para presentar el trámite aumenta la demanda.

Tampoco, se cumplen a cabalidad los principios de celeridad y eficacia, debido al tiempo de duración que tarda en obtenerse la fe de hechos del notario público, por lo que debe realizarse el contacto para agendar la cita de visita a la organización, sumando también la parte de presentación de la solicitud y respuesta por parte de la autoridad administrativa para obtener la resolución favorable, por lo que se extienden los plazos de 5 o 10 días hábiles previstos en el numeral 5 de la regla 5.7.1 de las RCSE, además de considerar que en la práctica es frecuentemente rechazar los trámites la primera vez por no acreditar que la empresa solicitante cuenta con la infraestructura.

Asimismo, trasgrede los principios de legalidad y publicidad al emitirse tal obligación a través de un oficio circular 414.2019.2383 por la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía sin realizar previamente las adecuaciones a la normatividad especial de la materia, así como no ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y hacerlo del conocimiento extraoficialmente en la página de internet del SNICE.

Finalmente, el principio de la buena fe es limitado al no eximir de la obligación de presentación de la fe de hechos a las empresas IMMEX que cuentan con la Certificación en IVA e IEPS o del Operador Económico Autorizado, que cumplen continuamente requisitos y obligaciones especiales de cumplimiento en materia aduanera fiscal, por lo que con independencia del Registro de Esquema de Certificación de Empresas deben satisfacer este requisito si pretenden llevar a cabo este tipo de trámites.

 “En TLC Asociados, desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar, implementar estrategias y dar cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.

Mtro. Ricardo Méndez C.

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