Los sistemas de denuncia externos e internos en una organización son de suma transcendencia porque permite comunicar de buena fe e identificar oportunamente las situaciones que pueden originar algún tipo de ilícito aduanero o fraude interno que tenga repercusiones en la continuidad del negocio de la organización, además de elevar la cultura del cumplimiento de esta.

El especialista Javier Puyol menciona que un Sistema de Denuncia Interna (Whistleblowing), “consiste en establecer y dar a conocer un canal de comunicación directo para que los empleados, clientes o proveedores puedan denunciar el incumplimiento tanto de normas internas como de otras regulaciones que rigen la actividad de la empresa”.[1]

El concepto de “Denuncia” tiene diferencies acepciones, el Diccionario de la Real Academia Española como el “2. documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta”. En materia penal, la denuncia es “la noticia que tiene el Ministerio Público de la existencia de un hecho delictuoso, motivo por el que en tratándose de un delito perseguible de oficio es suficiente que el acusador público tenga esa noticia, para que esté en aptitud de ejercitar la correspondiente acción penal”.[2]

Por otro lado, en materia anticorrupción se utiliza el término “Alerta” para indicar que se trata de “una comunicación previa al inicio del procedimiento administrativo, que proporciona información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sean probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual”.[3]

La ISO 19600:2014 del Sistema de Gestión de Cumplimiento[4] contempla un apartado dedicado a las “Fuentes de retroalimentación sobre el desempeño del cumplimiento” donde establece diversas recomendaciones para la organización que consisten en la implementación de procedimientos de retroalimentación sobre el desempeño del cumplimiento para lo cual requiere del control y registro de la actividad que puede efectuarse en papel o electrónico. Algunos de los esquemas son implementados de acuerdo con el tipo de usuario, por ejemplo: los empleados mediante centro de denuncias de irregularidades, líneas telefónicas de ayuda, buzones de sugerencias; y los clientes o proveedores mediante sistema de manejo de quejas.[5]

En España, en materia penal la UNE 19601:2017 “Sistemas de gestión de compliance penal”, y en el ámbito fiscal la UNE 19602:2019 “Sistemas de gestión de compliance Tributario”, contienen requisitos obligatorios en el apartado 8.8 de “Investigación de incumplimientos e irregularidades”, mismo que indica que la organización debe implementar procedimientos para asegurar la investigación de todas las comunicaciones recibidas, garantizar que el órgano de compliance penal o tributario está informado sobre el estado y resultado de las investigaciones, garantizar los derechos del denunciante y denunciado, entre otras.

En nuestro país, los Sistema de Gestión de Cumplimiento o Programas de Política de Integridad consideran a los canales o sistemas de denuncia un elemento integral en los procedimientos de cumplimiento, por ejemplo: la Ley General de Responsabilidad Administrativa señala que un componente esencial de la política de integridad es contar con sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana.[6]

En el 2019, las autoridades fiscales incorporaron la figura del “Tercer Colaborador Fiscal” para participar en el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes (69B CFF), denominándolo “a aquella persona con identidad reservada que no ha participado en la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, pero que cuenta con información que no obre en poder de la autoridad fiscal, relativa a contribuyentes que han incurrido en tales conductas y que voluntariamente proporciona a la autoridad fiscal la información de la que pueda disponer legalmente y que sea suficiente para acreditar dicha situación”. (69B Ter CFF)

Por cuanto a la materia que nos ocupa, la Ley Aduanera establece que el interesado en obtener el registro del Operador Económico Autorizado debe cumplir con estándares mínimos de seguridad. En este sentido, de forma general los perfiles de seguridad de los distintos actores del comercio exterior mencionan que los empleados deben conocer los procedimientos establecidos en la compañía para considerar una situación y saber cómo denunciarla, por ende, para denunciar se necesita un procedimiento especial para poder llevarlo a cabo de forma confiable. [7] Adicionalmente, el OEA tiene la obligación de avisar a la autoridad aduanera con motivo de los incidentes de seguridad en el proceso logístico, por ejemplo, contaminación de la carga o mercancías. [8]

En resumen, es factible que los operadores de comercio exterior (agencia aduanal, empresas importadoras o exportadoras, empresa IMMEX, servicios de logística, o cualquiera que realice actividades de comercio exterior y aduanas) evalúen la implementación de canales o sistemas de denuncia internos o externos conforme a la metodología de los sistemas de gestión de cumplimiento o del registro del Operador Económico Autorizado con la finalidad de identificar y prevenir de manera oportuna las situaciones que pueden originar algún riesgo legal u operativo por la comisión de ilícitos aduaneros que tengan repercusiones en la continuidad del negocio, así como para obtener retroalimentación de las actividades de la organización.

“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar, implementar estrategias y dar cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.

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Mtro. Ricardo Méndez Castro

División de Consultoría

TLC Asociados SC

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[1] Puyol, Javier. El Funcionamiento Práctico del Canal de Compliance, whistleblowing. Editorial Tirant lo Blanch. España. 2017. P.9.

[2] Cfr. SCJN. https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/199405, febrero 2021.

[3] Cfr. Acuerdo por el que se establecen los “Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción”. DOF 06/09/2019.

[4] La Organización Internacional de Normalización (ISO) se encuentra desarrollando el nuevo estándar ISO/FDIS 37301:2021 “Sistemas de gestión de cumplimiento: requisitos con orientación de uso” que sustituirá a la ISO 19600:2014 , mismo que se encuentra en su fase final y próximamente será publicado dicho estándar. ISO. https://www.iso.org/standard/75080.html, febrero 2021.

[5] Cfr. Punto 8.1.3 de la ISO 19600:2014/ NMX-CC-19600-IMNC-2017.

[6] Cfr. Artículo 25, fracción IV de la Ley General de Responsabilidad Administrativa.

[7] Cfr. Artículo 100A, fracción VII de la Ley Aduanera, Capítulo 7 y Anexo 1 de las RGCE para 2020.

[8] Cfr. Regla 7.2.1, párrafo cuarto, fracción VI y Anexo 1 de las RGCE para 2020.