Impuestos Ecológicos. Su apego al principio de proporcionalidad tributaria
El pasado 23 de octubre de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia en materia de Constitucionalidad con número 2a./J. 55/2020, cuyo rubro señala: “IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. PARÁMETROS PARA ANALIZAR SU APEGO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.”
Mediante dicho criterio, nuestro máximo órgano de justicia señaló que diversas personas morales promovieron juicio de amparo indirecto contra la entrada en vigor de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, concretamente los preceptos 8 a 34 que establecen diversos impuestos ambientales (entre ellos el de emisión de gases a la atmosfera), aduciendo que los tributos que se imponen transgreden el principio de proporcionalidad tributaria.
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su criterio jurídico resolviendo que los impuestos ecológicos en estricto sentido buscan, entre otros aspectos, el reconocimiento de los gastos que deben realizarse para remediar o al menos paliar los efectos negativos que se originan en un proceso productivo que contamina o que tiene un impacto ecológico cuyo autor, en vez de internalizarlos e incorporarlos a sus erogaciones, traslada al Estado la carga económica de repararlos. Dicho traslado de costos es lo que constituye el beneficio económico que obtiene quien realiza un proceso productivo que contamina, pues tal agente contaminador debería responder por esas erogaciones, sin embargo, las ganancias derivadas del proceso contaminante no se ven reducidas con esos gastos, dado que no se encuentran internalizados, por lo que tal reconocimiento se inserta en el deber de contribuir al gasto público, consagrado por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que quien contamina debe pagar en una proporción razonable respecto de la prevención o, en su caso, de la reparación del probable efecto causado o deterioro ambiental y en la cuantía suficiente para corregir el daño en el ambiente. Esto equivaldrá a la incidencia económica en el gasto público y en relación con el principio de proporcionalidad tributaria, los indicios de capacidad contributiva, tratándose de impuestos ecológicos en estricto sentido, no se evidencian con la mera posesión o intercambio de riqueza, sino con el aprovechamiento y beneficio económico que se obtiene de los bienes ambientales. Por tanto, para que tales tributos respeten el referido principio de justicia fiscal, es necesario que el hecho y la base imponibles tomen en consideración las unidades físicas sobre las cuales se tenga certeza de que su consumo o, en su caso, liberación en el ambiente, suscita efectos negativos en el ambiente o impactos de carácter ecológico. En otras palabras, es necesario que exista una relación causal entre el presupuesto del tributo y las unidades físicas que determinan un daño o deterioro ambiental (por utilización del ambiente, consumo de un recurso ambiental o de una fuente de energía, producción de emisiones contaminantes, etcétera), lo cual se consigue incluyendo en la base imponible una incidencia o relación razonable respecto de tales unidades físicas.
Como vemos, nuestro máximo Tribunal establece esencialmente en este criterio, como lo ha hecho en otros criterios, que tratándose de los impuestos ecológicos o costo eficientes, en estricto sentido, los indicios de capacidad contributiva no se evidencian con la mera posesión de riqueza, pues la falta de reconocimiento por parte del agente contaminante de los gastos de reparar las consecuencias negativas derivadas de un proceso productivo, así como su traslación al Estado, constituyen un beneficio económico susceptible de ser gravado, se encuentra vinculado a la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV Constitucional de contribuir al gasto público, en el sentido de que quien contamina debe pagar en una proporción razonable respecto de la prevención o reparación del probable efecto causado o deterioro ambiental y en la cuantía suficiente para corregir el daño en el ambiente. Para que dichos impuestos ecológicos respeten dicho principio de justicia fiscal, es necesario que el hecho y la base imponibles del tributo tomen en consideración las unidades físicas sobre las cuales se tenga certeza de que su consumo o liberación en el ambiente desencadena efectos negativos en el ambiente o impactos de carácter ecológico, es decir, es necesario que exista una relación causal entre el origen del tributo y las unidades físicas que determinan un daño o deterioro ambiental, ya sea por utilización del ambiente, consumo de un recurso ambiental o de una fuente de energía, producción de emisiones contaminantes, etcétera. Esto se consigue incluyendo en la base imponible, esto es, en la base sobre la cual se calcula el impuesto, una incidencia o relación razonable respecto de tales unidades físicas. Por ejemplo, en la elaboración de algún producto, al utilizarse alguna maquinaria que funciona a base de combustible y que esta emite partículas o gases contaminantes que dañan la atmosfera, debe existir una relación causal entre la base del impuesto y dicha maquinaria.
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On October 23, 2020, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation published in the Judicial Weekly of the Federation the Constitutional Jurisprudence number 2a./J. 55/2020, which states: “ENVIRONMENTAL OR COST EFFECTIVE TAXES. PARAMETERS TO ANALYZE THEIR COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TAX PROPORTIONALITY”.
Based on such criterion, our highest judicial body indicated that several corporations filed an indirect amparo lawsuit against the entry into force of the Tax Law of the State of Zacatecas, specifically precepts 8 to 34 that establish various environmental taxes (among them the tax on the emission of gases into the atmosphere), arguing that the taxes imposed violate the principle of tax proportionality.
In this regard, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation determined its legal criterion by ruling that environmental taxes strictly speaking seek, among other aspects, the recognition of the expenses that must be incurred to remedy or at least mitigate the negative effects that originate in a productive process that pollutes or has an ecological impact whose author, instead of internalizing them and incorporating them to his expenses, transfers to the State the economic burden of repairing them. This transfer of costs is what constitutes the economic benefit obtained by the polluting productive process, since such polluting agent should be liable for those expenses. However, the profits derived from the polluting process are not reduced with those expenses, since they are not internalized, so that such recognition is inserted in the duty to contribute to public expenditure, enshrined in article 31, section IV of the Political Constitution of the United Mexican States, given that the polluter must pay in a reasonable proportion with respect to the prevention or, as the case may be, the repair of the probable effect caused or environmental deterioration and in a sufficient amount to correct the damage to the environment. This will be equivalent to the economic incidence in the public expense and in relation to the principle of tax proportionality, the indications of contributive capacity, in the case of ecological taxes in the strict sense, are not evidenced with the mere possession or exchange of wealth, but with the use and economic benefit obtained from the environmental goods. Therefore, in order for such taxes to respect the aforementioned principle of fiscal justice, it is necessary that the taxable event and the tax base take into consideration the physical units for which it is certain that their consumption or, as the case may be, release into the environment, causes negative effects on the environment or impacts of an ecological nature. In other words, there must be a causal relationship between the tax budget and the physical units that determine environmental damage or deterioration (by use of the environment, consumption of an environmental resource or energy source, production of polluting emissions, etc.), which is achieved by including in the tax base a reasonable incidence or relationship with respect to such physical units.
Our highest Court essentially established in this criterion, as it has done in other criteria, that in the case of ecological or cost efficient taxes, strictly speaking, the indications of contributive capacity are not evidenced by the mere possession of wealth, since the lack of recognition by the polluting agent of the expenses of repairing the negative consequences derived from a productive process, This is linked to the obligation foreseen in article 31, section IV of the Constitution to contribute to public expenditure, in the sense that the polluter must pay in a reasonable proportion with respect to the prevention or repair of the probable effect caused or environmental deterioration and in a sufficient amount to correct the damage to the environment. In order for such ecological taxes to respect such principle of fiscal justice, it is necessary that the fact and the taxable base of the tax take into consideration the physical units for which there is certainty that their consumption or release into the environment triggers negative effects on the environment or impacts of an ecological nature, that is, there must be a causal relationship between the origin of the tax and the physical units that determine an environmental damage or deterioration, whether by use of the environment, consumption of an environmental resource or of a source of energy, production of polluting emissions, etc. This is achieved by including in the tax base, that is, in the base on which the tax is calculated, a reasonable incidence or relationship with respect to such physical units. For example, in the elaboration of a product, when using some machinery that works with fuel and that emits polluting particles or gases that damage the atmosphere, there must be a causal relationship between the tax base and such machinery.
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