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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por distintos medios el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación del periodo 2023[1] en donde se contemplan las estrategias coordinadas de ejecutar diversas acciones de fiscalización en las operaciones de comercio exterior enfocándose principalmente en operativos carreteros y almacenes para combatir el contrabando en las importaciones temporales y verificaciones de origen, así como en conductas específicas como la subvaluación, uso indebido de los tratados del libre comercio, y la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de la certificación de IVA e IEPS.

De acuerdo con la información publicada por el SAT, en el periodo 2022 se levantaron 434 Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera con un valor aproximado de mil 565 millones de pesos. Los PAMAs ejecutados derivaron de visitas domiciliarias profundas y rápidas (Art. 42, fracciones III y V del CFF), verificaciones de mercancías de procedencia extranjera en transporte y verificaciones de vehículos de procedencia extranjera en tránsito por no acreditar la legal importación, estancia o tenencia de la mercancía en territorio nacional.

En el presente conoceremos las facultades principales de las autoridades fiscales y el procedimiento general de la verificación de mercancías en transporte, así como de las responsabilidades del contribuyente.

I. Facultades de las autoridades aduaneras

Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para “Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte”.[2]

Asimismo, la Ley Aduanera señala que la SHCP cuenta con facultades para verificar en forma exclusiva durante su transporte, la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional, incluidos los recintos fiscales, para lo cual podrá apoyarse de los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente, incluso en el dictamen aduanero. [3]

De manera particular, la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior y la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y sus desconcentradas, así como algunas Direcciones Generales de la ANAM tienen competencia para llevar a cabo la verificación de mercancías en transporte.[4]  Adicionalmente, las autoridades fiscales de las entidades federativas con quienes se tengan celebrados convenios de colaboración podrán realizar la verificación de mercancías en transporte.[5]

II. Obligaciones de los contribuyentes

Los importadores, exportadores y transportistas se encuentran obligados a realizar el despacho aduanero de las mercancías, así como amparar en todo tiempo la legal estancia, tenencia y circulación de estas conforme a las disposiciones fiscales y aduaneras.[6]

II. Etapas generales de la verificación de mercancías en transporte

Las etapas de la Verificación de Mercancías en Transporte son las siguientes:

1. La autoridad aduanera ubicada en el punto de inspección habilitado indica al conductor de la unidad de transporte que se detenga.

2. La autoridad aduanera notifica al contribuyente la orden de verificación cumpliendo con los requisitos legales y solicita documentación que acredite la legal estancia y tenencia de las mercancías y del medio de transporte.

3. El conductor debe exhibir la documentación que ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías y del medio de transporte. Por ejemplo, los documentos que podrán ser solicitados son: a) pedimento aduanal, b) comprobantes fiscales, c) nota de venta y d) comprobante fiscal con complemento carta porte.

4. La autoridad levanta y notifica el acta de verificación de mercancía en transporte, así como el acta de traslado al recinto fiscal.[7]

5. La autoridad aduanera realiza la revisión de las mercancías y de la documentación que fue proporcionada en el recinto fiscal, de la cual se levanta un inventario.

6. Al momento de detectar las irregularidades, la autoridad aduanera emite el acta de embargo precautorio conforme a las causales previstas y cumpliendo con las formalidades de la Ley Aduanera.[8]Por ejemplo, el embargo precautorio se inicia cuando no se acredite el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, o no cuente con la documentación aduanera, entre otros supuestos.

6.1. En el supuesto que acredite la legal estancia y tenencia se autoriza la salida y se levanta el acta sin observaciones. 

7. El contribuyente cuenta con 10 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación para ofrecer las pruebas y alegatos para acreditar legal estancia y tenencia.[9]

8. La autoridad aduanera efectuará el desahogo y valoración de las pruebas presentadas por el contribuyente.

9. La autoridad aduanera emitirá la resolución en el plazo no mayor a 4 meses contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, en donde determinará las omisiones e impondrá las sanciones, en su caso. [10]

Por el contrario, si la resolución definitiva no se emite en el término mencionado quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad.

“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.

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The Tax Administration Service (SAT) announced through different media the Master Plan for Auditing and Collection for the period 2023[1] which contemplates coordinated strategies to execute different auditing actions in foreign trade operations, focusing mainly on road and warehouse operations to prevent smuggling in temporary imports and verifications of origin, as well as specific behaviors such as undervaluation, improper use of free trade agreements, and verification of compliance with obligations in the area of VAT and STPS certification.

According to information published by the SAT, in the period 2022, 434 Administrative Procedures in Customs Matters were carried out with an approximate value of 1,565 million pesos. The PAMAs (Administrative Procedures in Customs Matters) executed were derived from detailed and quick inspections (Art. 42, Sections III and V of the Federal Tax Code), verifications of foreign merchandise in transport and verifications of foreign vehicles in transit for not proving the legal import, stay or possession of the merchandise in national territory.

In this document we will learn about the main powers of the tax authorities and the general procedure for the verification of goods in transport, as well as the responsibilities of the taxpayer.

I. Powers of customs authorities

The tax authorities in order to verify that the taxpayers, jointly and severally liable parties, third parties related to them, tax advisors, financial institutions; fiduciaries, trustors or beneficiaries, in the case of trusts, and the contracting parties or members, in the case of any other legal entity, have complied with the tax and customs provisions and, if applicable, determine the omitted contributions or tax credits, as well as to verify the commission of tax crimes and to provide information to other tax authorities, shall be empowered to “Carry out or order an appraisal or physical verification of all kinds of goods, including during their transportation”.[2]

In addition, the Customs Law states that the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) is empowered to verify, exclusively during transportation, the legal importation or possession of foreign goods throughout the national territory, including bonded warehouses, for which it may use the systems, technological equipment, any other means or service available, including the customs report. [3]

In particular, the General Administration of Foreign Trade Auditing and the General Administration of Federal Tax Auditing of SAT, and its decentralized offices, as well as some General Directorates of ANAM are competent to carry out the verification of goods in transport.[4]  Additionally, the tax authorities of the federal entities with which collaboration agreements have been entered into may carry out the verification of goods in transport.[5]

II. Obligations of taxpayers

Importers, exporters and transporters are obligated to carry out customs clearance of the goods, as well as to ensure at all times the legal stay, possession and circulation of the goods in accordance with tax and customs provisions.[6]

II. General stages in the verification of goods in transport

The stages of the Verification of Goods in Transport are the following:

1. The customs authority located at the authorized inspection point instructs the driver of the transport unit to stop.

2. The customs authority notifies the taxpayer of the verification order in compliance with the legal requirements and requests documentation proving the legal stay and possession of the goods and the means of transport.

3. The driver must show the documentation that supports the legal stay and possession of the goods and the means of transportation. For example, the documents that may be requested are: a) customs declaration, b) tax receipts, c) sales note and d) tax receipt with the complementary waybill. 

4. The authority prepares and notifies the verification report of the goods in transport, as well as the report of the transfer to the bonded warehouse.[7]

5. The customs authority reviews the goods and the documentation that was provided at the bonded warehouse, from which an inventory is prepared.

6. When irregularities are detected, the customs authority issues a seizure order in accordance with the grounds established and in compliance with the formalities of the Customs Law.[8]For example, a seizure order is initiated when compliance with non-tariff regulations and restrictions is not proven, or the customs documentation is missing, among other assumptions.

6.1. In the event that the legal stay and possession is accredited, the departure is authorized and the report is issued without observations.

7. The taxpayer has 10 business days from the effective date of the notification to offer evidence and allegations to prove legal stay and possession.[9]

8. The customs authority shall carry out the examination and evaluation of the evidence presented by the taxpayer.

9. The customs authority will issue the resolution within a term not exceeding 4 months from the date the file is duly integrated, in which it will determine the omissions and impose the penalties, if any. [10]

On the other hand, if the final resolution is not issued within the aforementioned term, the authority’s actions will be null and void.

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